EL SOL DE CHILPANCINGO

Lunes 8 de febrero de 2010

COLUMNA

Imagen sin derecho

Ernesto Villanueva

Libertad de informar no significa licencia para violentar derechos de las personas, para solazarse de las desgracias ajenas o para erosionar los mínimos razonables de la civilidad democrática. El derecho a la propia imagen se ha reducido en México a una imagen sin derecho. En efecto, cada día se puede ver cómo los medios de comunicación difunden imágenes  bajo la lógica de que mientras más sangre y violencia, mejor negocio. La nota roja ha pasado de los últimos espacios a las primeras planas sin que nadie diga ni haga nada. Lo peor de todo es que, en el mayor número de los casos, los responsables no saben que su conducta no se compadece ni con el derecho ni con la ética. Veamos.Primero. El derecho a la propia imagen significa la prerrogativa de toda persona para decidir la figura o representación de su propia identidad y, por ende, la reproducción de su imagen personal. No es, por supuesto, un derecho absoluto. Como bien señala el Tribunal Constitucional español: "No puede deducirse… que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado, y sin reservas, a permanecer en el anonimato. Pero tampoco el anonimato, como expresión de un ámbito de reserva especialmente amplio, es un valor absolutamente irrelevante, quedando desprotegido el interés de una persona a salvaguardarlo impidiendo que su imagen se capte y se difunda". El equilibrio entre la libertad de informar y el derecho a la propia imagen  resulta de ponderar si se trata de una persona pública o no y si se trata o no de una información de interés público. La persona pública no es sólo un servidor público sino aquella que voluntaria o involuntariamente se ha sometido por su comportamiento a un escrutinio social recurrente renunciando así al anonimato original. Por su parte, la información de interés público no reside en la curiosidad de la gente. El interés público no es el interés del público. Tampoco es únicamente el criterio periodístico de lo que es o no noticia. Se trata en realidad de aquellos datos y hechos que son útiles a la sociedad para ejercer derechos y cumplir obligaciones en su más amplio sentido. Segundo. El principio de ponderación se desvanece en México empezando por la autoridad responsable de procurar justicia. ¿Es justo, por ejemplo, “presentar” a los presuntos responsables de un delito ante los medios de comunicación? ¿No se viola el derecho a la presunción de inocencia y a la propia imagen de las personas “presentadas” en los medios? Paradójicamente las autoridades de procuración de justicia someten a los presuntos responsables a un doble proceso, el legal que es el único aceptable en un Estado mínimo de derecho y el mediático generando presiones indebidas en los juzgadores. Se utiliza así ilegalmente todo el aparato del Estado contra personas que no han sido declaradas culpables por la autoridad competente. El caso de las fotografías denostando al señor Alfredo Beltrán Leyva fue la gota que derramó el vaso de los umbrales de tolerancia de la razón.  Tercero. Los medios  también son responsables de lo que pasa. Los casos del desastre en Haití y de los jóvenes muertos en Ciudad Juárez en días pasados son ejemplos claros de que algo anda mal. ¿Es necesario mostrar el rostro de un niño victimado? ¿Usted  lo mostraría si fuera su hijo o su hija? ¿Por ser de Haití y ser pobres carecen de derechos y puede haber una intrusión mediática a su intimidad? ¿Cuál es el interés público en mostrar el rostro de un menor o incluso de un adulto victimado, sea civil o militar? ¿No se satisface el interés público ocultando el rostro y mostrando el contexto? No se trata de cuestiones accesorias; antes bien, son asuntos que la sociedad debe reflexionar. No es para menos. La difamación o la calumnia pueden ser combatidos por el afectado por la vía civil o por el derecho de réplica. La exposición de la vida privada mediante la difusión ilegítima de la imagen no tiene remedio. El reclamo del agraviado sólo serviría para darle nueva difusión precisamente a la imagen que no se quiso fuera publicada, incrementando el daño en su patrimonio moral. Y en el caso de las imágenes de agentes de la policía y de efectivos militares en escenas de delitos ni el gobierno ni los medios parecen preocuparse por la integridad personal de ellos.  Cuando la ética periodística se extravía no sólo se atenta contra la dignidad de la persona cuya imagen fue difundida sin razón fundada sino de televidentes o lectores que son expuestos a esas imágenes como algo digno de ser visto y procesado como algo “normal” por todos. Con ello no se denuncia un hecho lamentable o ilegal, sino que se coadyuva, a veces de manera involuntaria, a insensibilizar a la sociedad de la violencia y del dolor ajeno, de lo que es correcto y de aquello que no lo es. Se ha creado un círculo vicioso donde se compite por ver quién ofrece las imágenes más denigrantes que el otro. Esto no debería  convertirse en una fatalidad más.    Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla  

En seguridad, cero transparencia" Ernesto Villanueva

Gustavo Ruiz / La Voz de Michoacán
13 de enero de 2009
http://www.vozdemichoacan.com.mx/secciones/seguridad/seg001522.html

Factores que impiden la gobernabilidad democrática son para Ernesto Villanueva Villanueva, la delincuencia que hoy se vive, la impunidad ante la corrupción y el incumplir el orden jurídico, ello aunado a la resistencia de los organismos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia a responder a la información que debe ser de carácter público, por lo que Villanueva Villanueva aseveró que “en materia de Seguridad no hay transparencia”.
Ernesto Villanueva Villanueva, coordinador de Acceso a la Información Pública en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el día de ayer ofreció una conferencia magistral en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana, en la cual abordó el tema de la Transparencia, Seguridad y Gobernabilidad.
El además columnista de la revista Proceso y de este matutino, aseveró tajante que en materia de Seguridad no existe transparencia, además señaló que pese a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ha sido tanto la Procuraduría de la República (PGR) como la Secretaría de Seguridad Pública federal las dos dependencias más renuentes a cumplir los mandatos y resoluciones del IFAI.
Al respecto, el investigador titular "B" de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que durante el 2008 la PGR no atendió prácticamente ningún resolutivo emitido por el IFAI, y aunque la Secretaría de Seguridad ha atendido algunos requerimientos, aseguró que aún se detecta una gran resistencia por parte de las dependencias federales encargadas de la seguridad y procuración de justicia del país.
Al referirse al caso de Michoacán, el investigador en materia de Acceso a la Información, coincidió en las dificultades que enfrenta en materia de inseguridad y enfatizó que el mandatario estatal Leonel Godoy Rangel tendrá que retomar el tema de acceso a la información con responsabilidad.
Villanueva Villanueva dijo que en breve el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, concretará una investigación con el que se podrán evaluar los niveles de cumplimiento de los sistemas de seguridad aplicados en el país. “Se pretende crear indicadores independientes susceptibles de evaluar para conocer lo que sucede en el manejo de los recursos públicos por parte de las corporaciones de justicia, porque se habla de la batalla contra el crimen organizado pero se deja de lado el conocer a detalle elementos a tomar en cuenta para garantizar una conducta basada en la ley”, dijo.
Mencionó que el gran reto será armonizar la legislación con la demanda de rendición de cuentas en el combate al crimen organizado por instancia de seguridad, ello ante el panorama que enfrenta México en materia de transparencia y seguridad y señaló la necesidad de que el tema de la transparencia en el rubro de seguridad debe ser parte de la agenda pública como requisito para lograr la gobernabilidad democrática.
Ante ello, admitió un avance importante en cuanto a la aplicación de la Ley Federal de Acceso a la Información, pero consideró que aún falta mucho por hacer sobre al uso de ese derecho por parte de la ciudadanía.
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El terrible precio de la transparencia

Por Carmen Garay

A raíz del aumento de sueldos aprobado en el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, no se han hecho esperar las críticas y señalamientos contra tal decisión . En el caso del personal, se trata de un incremento justo y acorde al de los salarios mínimos para 2010 (4.85%), pero también los consejeros ciudadanos avalaron durante la Sesión Pública del 13 de enero su propio aumento de 4%.
El acta correspondiente aún no se encuentra en el portal respectivo, pero los medios locales y algunos regionales, se han encargado de brindar los pormenores del tenor en que ocurrieron los debates, todos a favor del alza, con excepción de Ana Rosa Payán. Pareciera que el argumento de mayor peso fue, irónicamente, el duro impacto al poder adquisitivo ante la situación económica actual.
Y decimos irónicamente, porque es precisamente el llamado a la austeridad y la solidaridad con la ciudadanía lo que desoyeron los consejeros. Es importante reconocer que el presupuesto anual ya aprobado para el INAIP no se sobregira con tal determinación, pero destinar mayores recursos al pago de nómina, es una terrible señal para los ciudadanos que, impávidos, dan cuenta del terrible costo de la transparencia que aún no se percibe claramente en el desempeño gubernamental.
Vale la pena aclarar que esta situación, no es privativa del INAIP.
Una revisión de puestos y tabuladores de los órganos de transparencia en el país pone en evidencia la erogación millonaria de todos los mexicanos para garantizar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia y honestidad. La pauta la marca el propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con un sueldo neto de $142 mil 030 pesos mensuales para cada uno de sus cinco consejeros.
Con tal referente desde el ámbito federal, ya no parecen tan onerosos otros tabuladores de transparencia: en el DF, se pagan $101 mil 107 pesos mensuales netos a cada comisionado; en Aguascalientes, son $60 mil 059.96 pesos mensuales y Veracruz, destina para dos de sus consejeros un sueldo mensual neto de $50 mil pesos, porque para el presidente en turno son $55 mil.
En nuestro ámbito peninsular, tenemos a Campeche, con $55 mil (como mínimo neto) y $63 mil (como máximo neto) y Quintana Roo, con $60 mil 742 sueldo neto para sus consejeros. Yucatán, precisemos, hasta 2009 gastó por consejero $56 mil 218 pesos netos mensuales; así, el 4% quizá resulta quizá irrelevante en términos reales, pero algo deja entrever de los ciudadanos que se encargan de ser nuestros ojos, oídos y manos para acceder sin cortapisas a la información pública.
Reconocemos que es una labor delicada, desgastante, de tiempo completo y con múltiples presiones políticas. También consideramos que debe profesionalizarse y guardarse de tentaciones con un sueldo digno pero ¿serán tan indispensables otros 75 pesos al día si se ganan ya $1, 873.00 diariamente? Nuestros consejeros difirieron en la respuesta. Y a todo esto, el costo debe ponderarse en relación a los beneficios obtenidos; la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, según vemos, cuesta tiempo y muchísimo dinero al país. Hagamos todos que valga la pena.

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Se va Galland; el IEPCT tendrá que luchar para recuperar su prestigio

Ana Lila Ceballos Trujeque, Presidenta del Instituto de Transparencia de Tabasco, A.C.
Revista Hojas Políticas No. 304
13 de enero de 2010
www.transparenciatabasco.org

Por ley el próximo febrero se van 3 de los 7 consejeros electorales del IEPCT, en tanto ya cumplieron su periodo de siete años en sus cargos. Durante este lapso el organismo tuvo tres presidentes, dos de los cuales, Martín Rueda y Enrique Galland, se caracterizaron por manejar con total opacidad y obvia corrupción los recursos que anualmente le autoriza el Congreso local en tanto es un organismo autónomo. Si bien hubo un tercer presidente, el doctor Manuel Argáez, todo indica que manejó con bastante asepsia los millonarios presupuestos del Instituto, tanto así que pasó a titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pero han sido Rueda de León y Enrique Galland los más sonados mercaderes del presupuesto que han presidido el IEPCT en estos 7 años; y como al fin y al cabo no son políticos sino empresarios, nada les ha importado el descrédito social por hacer negocios con el dinero público frente a los medios y de la opinión pública. Sin embargo, quien más rico era cuando llegó al Instituto es Enrique Galland. Funcionó como presidente durante todo un año en que el IEPCT tuvo sólo tres consejeros incluyéndolo a él. Entre los desastres que hizo fue haberle “donado” al gobierno y a título de no se sabe de qué, toda la flotilla de autos, computadoras, escritorios y demás equipos que se utilizaron en la elección local del 2006. Las autoridades del gobierno jamás aceptaron que tal cosa haya sucedido por lo que Galland se irá el mes entrante sin haber rendido cuentas sobre esa cuantiosísima y extraña operación.
El año antepasado Galland peleó que el Congreso le autorizara más de 300 millones de pesos para el proceso electoral que culminó el 18 de octubre pasado. Ya se va y ni siquiera ha informado que se hicieron los 60 millones que estaban ahorrados para un nuevo edificio del IEPCT; cuánto gastó el año antepasado con sólo tres consejeros; cuánto costó la elección del 18 de octubre; cuánto le sobró y dónde están esos recursos. Se supone que están en su bolsillo porque con toda cachaza declaró a la prensa que el tiene resuelta su vida los próximos 30 años, suponiendo que los vive.De no ser así pues será su parentela quien disfrute dineros públicos de los que nadie le ha pedido cuenta en el Congreso o en el Ejecutivo estatal.
Ante cosas así, resulta deseable que en la reforma electoral que viene, se rehaga la arquitectura interna de estos institutos, sobre todo en los estatales, para que no se repitan los absurdos que estamos viviendo en Tabasco, donde no hay fiscalización de lo que se gasta, no se informa a la opinión pública; y peor aún, donde un secretario ejecutivo como Javier Maldonado, tiene más poder de decisión que los mismos consejeros en la Asamblea General. El IEPCT es un organismo noble, ha reconocido triunfos a la oposición como nunca, pero ello no justifica que sea una madriguera impune de saqueadores del erario público.
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¿Y qué hacemos con el IPEPAC (instituto electoral en Yucatán)?

José Luis Sierra V.
14 dic. 2009.
http://www.mexicodesdeyucatan.mx

Si alguna duda quedaba de que el IPEPAC lejos de ser expresión de legalidad, imparcialdad y transparencia, lejos de defender los intereses de la sociedad por encima de las pugnas facciosas sigue siendo instrumento de la dupla PAN-PRI, un operador al servicio de la Ñora del Justam y del Fondo de los Gobernadores.
¿Por qué sostenemos tan grave sentencia? Apenas iniciado el proceso electoral que culminará el 16 de mayo próximo, apenas han transcurrido las primeras dos semanas de la fase establecida para las PRE-CAMPAÑAS, partidos y candidatos (PRI y PAN, hasta ahora) ya rebasaron ampliamente el tope económico establecido para TODA LA ETAPA.
El PRI, nada más con los acarreos y el derroche de regalos y “pagos” que rodearon a los eventos de arranque en los 15 distritos y en la Casa del Pueblo, nada más con contabilizar esos costos, se hubieran rebasado los topes establecidos. A eso agréguele los costosos y numerosos espectaculares (para el caso de la Pirujita), los spots de radio y T.V., las “lunetas” en cientos de autobuses urbanos además de camisetas, pago de “visitadores” y una costosísima campaña telefónica (que se pretende disfrazar con “información de la diputada Araujo”, cuando ¡¡YA SOLICITÓ LICENCIA Y HACE CAMPAÑA POR EL MUNICIPIO!!).
Aunque los derroches del lado blanquiazul no han llegado a los niveles de los tricolores, tampoco se han limitado a cumplir con los límites marcados por la ley y que el IPEPAC TIENE OBLIGACIÓN DE MONITOREAR y sancionar.
¿Qué podemos esperar de ese organismo ciudadano una vez que hayan arrancado formalmente las campañas y la labor de candidatos y partidos sea finananada descarada y abundantemente con recursos públicos, del Gobierno estatal para el caso del PRI, del Federal para el caso del PAN?
Desde mi particular punto de vista, el IPEPAC no puede ser solución al problema de la corrupción de los partidos políticos, del derroche de recursos públicos y turbios que se hace en las campañas. No puede ser solución por la simple razón de que ES PARTE DEL PROBLEMA, del grave problema de corrupción que pervirtió a las estructuras electorales y partidistas y, como consecuencia, a los procesos de elección. ¿Así o más claro?